Descreídos Jueves, 21 enero 2016

Los candidatos y los beneficios de la Iglesia: una situación incómoda

Escriben: Adrián Núñez y Helmut Kessel

Sociedad Secular Humanista del Perú

 

Esta semana se ha estado hablando de la propuesta de la candidata Verónika Mendoza de eliminar los beneficios económicos que actualmente recibe la iglesia Católica. Para ella no es una propuesta nueva: hace al menos tres meses, la separación entre Iglesia y Estado o defensa del Estado laico era uno de los tres temas que mostraba la portada de la página web del Frente Amplio en su banner rotativo.

Solo olviden esta imagen...

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Para los humanistas seculares es evidente que esta propuesta es una necesidad, pues el secularismo (o laicismo) considera que ninguna religión debe ser impuesta por el Estado ni ninguna institución religiosa debe tener privilegios especiales por parte de este, pues esto es requisito para que se permita la plena libertad religiosa (que incluye la libertad de no seguir ni ser forzado a aportar a ninguna religión). Las expresiones religiosas públicas no imponen nada a nadie y se enmarcan dentro de la libertad de expresión. Las ceremonias y observaciones religiosas en los feriados tampoco se imponen; uno es libre de no hacer nada o adorar a Satanás en el día de Santa Rosa sin que al Estado le importe. Sin embargo, los subsidios y beneficios a iglesias con el dinero de todos, o el catecismo cuasi-forzado de niños en los colegios mediante el curso de religión y el himno nacional, sí son imposiciones del Estado.

Pobres.

Pobres.

También es evidente que la medida propuesta por Verónika es impopular en una población que en su mayoría es católica y quiere que su iglesia mantenga sus beneficios a costa de todos, y entre los evangélicos, que quisieran que estos beneficios se extiendan a ellos.

Ya hemos visto en otras ocasiones cómo se malentiende la libertad religiosa con la extensión de beneficios a otras organizaciones religiosas además de la católica, como sucedió con el proyecto de ley de Mercedes Cabanillas en el 2006. Ahora tenemos candidatos que están expresando el concepto de libertad religiosa y secularismo de Estado de la misma forma. Muchos proponen extender estos beneficios a todas las religiones, en lugar de quitárselos a la Iglesia Católica. Queremos creer que esto responde a la necesidad estratégica de ganar una elección en un país tan religioso como el nuestro, y no necesariamente a la manera de pensar de los candidatos y sus equipos.

En el caso de Verónika, pareciera que el Frente Amplio en lugar de aspirar a ganar la elección, quisiera llevar una campaña en estricta adhesión a ciertos principios fundamentales, con los cuales quieren ser consistentes hasta el final. El objetivo parecería ser el actuar de portavoz, divulgador y promotor de estos principios, lo cual es una actitud admirable y necesaria en un país donde tantos temas se ocultan por miedo al electorado, independientemente de si uno está de acuerdo o no.

Lo que pueden hacer las ganas de quedar bien con todos.

Lo que pueden hacer las ganas de quedar bien con todos.

De ganar alguno de aquellos que proponen extender los beneficios, ojalá no pongan en práctica lo dicho. El resultado sería una caja de Pandora abierta donde no sólo las incontables sectas evangélicas estarían recibiendo subsidios, sino que tendríamos también a los cienciólogos (Church of Scientology), mormones (que no los necesitan), satanistas, seguidores de Sai Baba, y toda clase de cultos siniestros pidiendo dinero al Estado. Tendríamos también a ‘ministros’ y ‘reverendos’ evangelistas solicitando subsidios y exoneraciones de impuestos para hacerse más ricos. ¿Quién sería el encargado de trazar la línea de qué representa una religión bajo estas propuestas? ¿El poder judicial? ¿Algún ministerio? Sería un caos de confusión, de abuso y de corrupción.

Otros candidatos proponen con desparpajo, como algo positivo, el mezclar a las instituciones religiosas con la conducción del Estado y la sociedad: Alan García anunció en noviembre que el Estado podría transferir a las iglesias la facultad de otorgar indultos, lo que sería la cachetada final al Estado laico pues estaría dándole directamente a una institución religiosa una responsabilidad que claramente pertenece al Estado, y nos hace recordar a las antiguas ventas de indulgencias. Parece que fue la idea más brillante que se le ocurrió para desligarse del tema de los narcoindultos. Alan promete también en su plan de gobierno la “participación de entidades religiosas” y “una sólida y respetable institucionalidad defensora de los valores humanistas y cristianos”, algo que huele a que fue redactado por Lourdes Flores.

O quizás Alan es más papista que Lourdes.

O quizás Alan es más papista que Lourdes.

Quienes han hecho más énfasis en sus planes de gobierno acerca de la discriminación por credo, y muchas otras categorías, son Kuczynski, Guzmán, Yehude, Verónika, Toledo (excluye a la comunidad LGBT) y Gregorio Santos (menciona específicamente que el Estado laico es parte de su proyecto nacional). El plan de Julio Guzmán quizás sea el más completo en cuanto a propuestas de solución de los problemas de discriminación, y sobre el punto específico del Estado laico dice: “Creemos en un Estado laico. Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación por lo que se busca garantizar acceso a servicios para todos y derechos e igualdad ante la ley para todos” y propone darle voz a las minorías para evitar la llamada “tiranía de la mayoría”.

La solución no va por extender los beneficios a otras religiones, sino por suprimirlos para que cada institución religiosa pueda financiarse con el aporte de sus propios seguidores. Parte de los impuestos de evangélicos, budistas, no-creyentes y otros están yendo a parar a las manos de la iglesia Católica, y por supuesto, a enriquecer a instituciones como el Sodalicio a través de exoneraciones. Un impuesto, por definición, es una imposición, y la imposición de pagos a religiones en las que uno no cree es un elemento teocrático del que nuestro país debe desprenderse de una vez por todas.

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