Echadlos a los leones… Cómo refutar el referéndum de Cipriani

Escribe: Helmut Kessel, Pdte. de la Sociedad Secular Humanista del Perú

John Adams fue uno de los fundadores de EE. UU., su segundo presidente, autor de la Declaración de Independencia y un renombrado teórico de las ciencias políticas.

Fiel a la fuerte atención que brinda a los asuntos de los homosexuales, el cardenal Cipriani ha sugerido por segunda vez que los derechos de la comunidad homosexual, en específico el matrimonio civil, sean sometidos a consulta popular mediante un referéndum. En otras palabras, que las masas decidan el destino de los derechos civiles de una minoría vulnerable.

Los principios básicos de la democracia representativa nos enseñan que ésta es el gobierno del pueblo y para el pueblo, no el gobierno para las mayorías. Las minorías son parte del pueblo y en un sistema democrático como el nuestro, éstas tienen derechos y garantías constitucionales que les aseguran vivir en libertad, igualdad y seguridad, muchas veces ante una mayoría hostil. Sería una tergiversación del sistema democrático que sus derechos les sean otorgados o despojados por las mayorías, pues las minorías son representadas en un Estado que rige para todos y que debe salvaguardar los derechos de todos.

El referéndum propuesto sería un claro ejemplo de la llamada ‘tiranía de la mayoría’, que es considerada una vulgar distorsión del concepto democrático. Es por esto que el artículo 32 de la Constitución afirma que “No pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona (…)”, por lo que este referéndum sería además de ilógico y antidemocrático, también inconstitucional.

Se considera un derecho fundamental aquel que todo ser humano posee independientemente del Estado, pero que a veces requiere de leyes para poderlos aplicar y respetar. El matrimonio igualitario o la Unión Civil le darían a la comunidad homosexual derechos fundamentales a los que actualmente no tienen acceso, comenzando por la plena igualdad ante la ley.

Cada vez que la comunidad gay exige igualdad de derechos, la Iglesia sale a bloquear los esfuerzos tratando de influir en el Estado.

Propuestas como este referéndum revelan oportunismo político cortoplacista, pues en lugar de legislar lo que es correcto a la luz de la historia y la justicia, se legisla sólo lo que el sentir popular del momento manifieste aprovechando una coyuntura. Viendo las encuestas, y preocupado por una tendencia creciente en favor de los derechos LGTB entre los jóvenes, el cardenal se apresura en proponer un referéndum porque le es conveniente ahora. ¿Propondría lo mismo si la opinión mayoritaria fuera favorable al matrimonio igualitario? ¿O se atrevería a proponer un referéndum sobre los subsidios de la Iglesia Católica?

La opinión popular no siempre está alineada con lo justo y la historia lo ha demostrado incontables veces. A Abraham Lincoln jamás se le habría ocurrido someter a referéndum la abolición de la esclavitud en los estados de Louisiana o Mississippi. Bien hizo la corte suprema de los EE.UU. en declarar inconstitucionales todas las prohibiciones al matrimonio igualitario que habían sido raudamente aprobadas por referéndums. Lo mismo hizo en 1954 cuando ordenó la desegregación racial de las escuelas del sur, medida que habría perdido estrepitosamente si hubiera sido sometida a referéndum. El Perú hizo lo propio cuando en 1915, contra la opinión de la mayoría y sin llamar a un referéndum que habría perdido, el Congreso reformó la Constitución para permitir la libertad de cultos, y así proteger el libre pensamiento y libre expresión de las minorías religiosas y de aquellos sin religión.

Aunque imperfecta aún, recordemos que vivimos en una democracia. Los ciudadanos de las diversas minorías esperan que su Estado los proteja y vele por sus derechos, no que los eche a los leones.