Descreídos , libertades , sociedad Lunes, 11 febrero 2019

Poner una navaja en el cuello parece ser una forma común que tiene esta organización católica para amenazar

Título original: Sodalicio contra la libertad de prensa

Sociedad Secular Humanista del Perú – SSH

El periodista José Enrique Escardó Steck recordó hace unos días cómo durante su permanencia en el SVC en Arequipa, un formador le puso una navaja suiza en el cuello y le gritó “pídeme que te la hunda más”.

Justamente poner una navaja en el cuello parece ser una forma común de ostentar poder y amenazar en esa institución, ahora que los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas enfrentan en Piura juicios por supuestamente difamar al obispo José Antonio Eguren Anselmi. El abogado Percy García Cavero presentó ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Piura las denuncias contra ambos periodistas, que pretenden conseguir penas privativas de la libertad por tres años y 200 mil soles de reparación civil.

Pedro Salinas, Carlos Rivera y Sigfredo Florián explicaron los detalles de la demanda en una conferencia de prensa el 15 de agosto.

Pedro Salinas, Carlos Rivera y Sigfredo Florián explicaron los detalles de la demanda en una conferencia de prensa el 15 de agosto.

Varias curiosidades que observamos en estas denuncias nos hacen pensar que esto es una simple acción de intimidación: a Paola Ugaz se la acusa de haber sido productora de un reportaje de Al Jazeera sobre los casos de tráfico de terrenos en Piura en los que habría participado el SVC.

Este reportaje, cuya investigación realizó Daniel Yovera, señala que la Asociación Humanitaria San Juan Bautista contrató a la banda de sicarios Gran Cruz del Norte para desalojar con armas y violencia a los habitantes de los terrenos en los que se construyó parte del proyecto Miraflores Country Club, de la inmobiliaria Miraflores Perú, en esencia, el Sodalicio de Vida Cristiana, según lo muestra el reportaje (el 99% de las acciones de esta compañía pertenecen al SVC). Cabe mencionar que según la información presentada en este reportaje, la Fiscalía y los juzgados de Piura habrían favorecido arbitrariamente a la inmobiliaria, en perjuicio de los habitantes desalojados, que cuentan con documentos que demuestran su propiedad.

En este reportaje, Paola Ugaz aparece sólo unos segundos y no hace ninguna mención a Eguren. En lugar de esto sólo explica cómo las exoneraciones de impuestos otorgadas por el Concordato facilitan que la institución religiosa mencionada tenga los recursos económicos para llevar a cabo proyectos inmobiliarios de esta magnitud. Además hizo una investigación previa que sirvió a los productores del reportaje. A pesar de esto, Eguren no denuncia por difamación ni a Al Jazeera ni a Daniel Yovera, sino a la periodista que investigó los abusos cometidos por el SVC, y le pide a ella que retire el reportaje de la página de Al Jazeera, lo que es imposible.

A Pedro Salinas lo acusan por haber comparado a Eguren con monseñor Barros, de Chile, a quien mencionamos en esta columna, por el caso de los encubrimientos de pederastia perpetrados por Karadima. La función de Pedro Salinas como periodista es justamente dar a conocer lo que ha recogido de las víctimas, y de acuerdo a su trabajo él considera que existe similitud entre Barros y Eguren, pero increíblemente la jueza Judith Cueva Calle no acepta a los testigos que propone la defensa, las propias víctimas de abusos, quienes proporcionaron la información a Salinas y quienes corroborarían lo que Salinas ha escrito.

  • Como se ve, la participación de Paola Ugaz en el reportaje no amerita que se la denuncie por difamación, pues en todo caso, otras personas tuvieron mucho más protagonismo en ese reportaje;
  • y lo escrito por Pedro Salinas no fue exclusivo, pues otras personas también escribieron sobre Barros y Eguren.

Pero, gran coincidencia, son justamente Ugaz y Salinas, los autores de la investigación de los abusos cometidos por el Sodalicio, quienes han sido denunciados.

En una presentación del libro Mitad monjes, mitad soldados, que organizó la Sociedad Secular Humanista del Perú el 10 de diciembre de 2015, Pedro Salinas ya nos adelantó que esperaba una denuncia por difamación, especialmente porque poco antes, un sacerdote había acusado por difamación a uno de los directores de la SSH, y de manera extraña, la jueza había ordenado prisión preventiva.

Aunque no era previsible que las denuncias se dieran de este modo y que obligaran a ambos periodistas a afrontar los juicios en Piura, lamentamos que ese presagio haya resultado certero y notamos que los hechos observados en estas demandas no reflejan la intención de restaurar la imagen personal del demandante, sino un deseo de desgastar, amedrentar y perseguir a los periodistas, pues si Eguren tiene el ánimo para realizar estas demandas, con mayor razón y más juventud pudo haber denunciado en su momento los abusos que hoy reconoce el Sodalicio.

Deseamos lo mejor para ambos periodistas y esperamos que este mal momento al menos sirva para que más personas tengan la oportunidad de enterarse de sus investigaciones sobre el caso Sodalicio.